La AEP quiso “mostrar su total desacuerdo con esta decisión, así como con su argumentación. La AEP, con la evidencia científica disponible, sigue recomendando la vacunación frente al meningococo B fundamentalmente en los lactantes desde los 2-3 meses de edad”, expresó. Y añadió sobre las tetravalentes que “muestra su desacuerdo con la excesiva dilación para su incorporación en los calendarios de las comunidades autónomas. Tampoco resulta entendible la no incorporación de la misma en la primera infancia”. En el posicionamiento de la AEP que realizaba mediante su Comité Asesor de Vacunas no se indican las transferencias que acumulan sus miembros por “prestación de servicios” diferentes a estudios a las dueñas de esas marcas. Tampoco en la versión web de recomendaciones anuales de vacunación de acceso al público.

Coordinador, secretario, vocales…

El coordinador de ese Comité Asesor de la AEP en marzo de 2019 era el doctor David Moreno Pérez que había cobrado de la industria 43.700 euros en 2017 y 2018. Casi la mitad provino de GSK y Pfizer. Moreno Pérez renunció a ese puesto al convertirse en director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía en mayo pasado. Su secretario entonces, el doctor Francisco Álvarez García, le sustituyó en la coordinación. Álvarez García ingresó 58.000 euros durante esos dos cursos. Más de 36.000 de esas dos mismas compañías.

Responden a colaboraciones en calidad de docencia como especialista participante en congresos y jornadas y otras actividades formativas, así como desplazamientos y dietas por asistencia a reuniones informativas como profesional de la pediatría especialista en vacunas”, aclara el pediatra.

Álvarez indica que su labor es “revisar la evidencia científica acumulada y recogida en las publicaciones científicas sobre estudios realizados con vacunas en enfermedades transmisibles. El comité se limita a agregar el conocimiento científico ya publicado y a transmitirlo para que sea de conocimiento público, tanto para profesionales como para la sociedad en su conjunto. No nos corresponde como profesionales médicos entrar en otro tipo de consideraciones”. Con todo, este pediatra declaraba en febrero de este año en la publicación Redacción Médica, antes de conocer la decisión sobre las vacunas de la meningitis: “Inequidad es excluir el Bexsero de la financiación y el calendario vacunal”.

El doctor Francisco Álvarez García considera que estas colaboraciones son “parte de mi labor como profesional del sector sanitario y totalmente legítimas” y asegura que lo primero que aclara al intervenir en un congreso son sus conflictos de interés. Y luego añade que esos pagos ya son “públicos y transparentes y se puede consultar de forma pública”. Se refiere a la difusión por parte de cada compañía de sus listados de transferencias de valor. Cada farmacéutica facilita su relación en su sede electrónica en virtud de un acuerdo voluntario de la patronal. Algunos accesibles y fácilmente manejables, otros no tanto. No existe una obligación legal de hacerlo ni una fiscalización oficial de los datos allí consignados por los laboratorios.

La AEP contesta que “tiene un compromiso ineludible con la transparencia de su actividad”. Y subraya que la información sobre conflicto de intereses de sus miembros “consta cada año en la publicación oficial de recomendaciones del Calendario de Vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría que se publica anualmente en el órgano de expresión oficial de la AEP, Anales de Pediatría”.

Es cierto que el artículo en esa publicación incluye un epígrafe de conflictos, pero no aparece en la página web de la AEP “Calendario de Vacunaciones AEP 2019”. Tampoco en el posicionamiento que se oponía frontalmente a la no financiación generalizada del Bexsero.

Científicos vs. políticos

Sin embargo, el comunicado sí incluía un añadido bajo el epígrafe “aclaraciones”. Ahí, la AEP afirmaba que son una “sociedad científica que representa a más de 14.000 pediatras que trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria” cuyo objetivo, entre otros, es “velar por la adecuada atención sanitaria”.

responsables de vacunación de Andalucía y la Región de Murcia y el jefe de Vigilancia Epidemiológica de Asturias, un especialista en medicina preventiva del Instituto de Salud Pública de Navarra, una investigadora de la Agencia de Salud Pública de Catalunya y una doctora del servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital de Bellvitge. Todos firmaron “no tener conflictos de interés en relación con los temas tratados en este documento”.

En junio pasado, por recomendación de los técnicos de la Ponencia de Vacunas, se acordó en el Consejo Interterritorial llevar a cabo un estudio sobre la efectividad de la vacunación contra la meningitis B en España. Se está elaborando el protocolo del estudio, según subraya el Ministerio de Sanidad.

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