Un australiano dañado por una vacuna de Pfizer gana una demanda “histórica” contra su empresa

Daniel Shepherd, que contrajo pericarditis después de que su empresa le obligara a tomar la dosis de refuerzo contra COVID-19 de Pfizer, llevó su caso ante un tribunal laboral, que ordenó a la empresa de Shepherd el pago de prestaciones de indemnización por accidente laboral y el reembolso de los gastos médicos.

Un hombre australiano que resultó dañado tras ser obligado a inyectarse la vacuna COVID-19 para conservar su puesto de trabajo recibirá prestaciones de compensación laboral y el reembolso de los gastos médicos, según dictaminó un Tribunal Laboral de Australia Meridional el 15 de enero.

Daniel Shepherd, padre de 44 años, estaba empleado como trabajador juvenil en Baptist Care South Australia en 2021 cuando se puso dos dosis de la vacuna COVID-19, para cumplir con el mandato de su empleador, según “The Daily Mail”.

Ambos pinchazos le produjeron malestar, pero no síntomas graves ni debilitantes.

Ese mismo año, Shepherd aceptó un nuevo trabajo en el Departamento de Protección del Menor. En enero de 2022, su nuevo empleador le exigió que se pusiera una inyección de refuerzo de COVID-19 para conservar su puesto de trabajo.

El 25 de febrero de 2022, un día después de que se le administrara la dosis de refuerzo de ARNm de Pfizer, Shepherd desarrolló fuertes dolores en el pecho.

Los síntomas empeoraron hasta que el 11 de marzo de 2022, temiendo que sufriera un infarto, fue trasladado de urgencia a un hospital donde le diagnosticaron pericarditis postvacunal.

“Sentía como si alguien me hubiera clavado la rodilla en el pecho”, dijo Shepherd a 9News.

La pericarditis, una enfermedad potencialmente mortal, se caracteriza por la inflamación del pericardio, la membrana en forma de saco que rodea el corazón.

La lesión de Shepherd fue lo bastante grave como para limitarle a unos meses de trabajo administrativo a tiempo parcial. Sus síntomas persisten a día de hoy.

“Incluso hoy, con sólo un esfuerzo leve [sufro] dolores en el pecho y luego le sigue fatiga, fatiga severa”, dijo.

Durante el proceso judicial, los representantes del Departamento de Protección del Menor reconocieron que la lesión había sido causada por la vacuna ARNm, pero argumentaron que, al tratarse de una directiva gubernamental legal, quedaba excluido de la responsabilidad de indemnización de los trabajadores en virtud de la Ley de Gestión de Emergencias de Australia Meridional.

Pero el juez Mark Calligeros, vicepresidente del Tribunal Laboral de Australia Meridional, no estuvo de acuerdo. “Sería asombroso que el Parlamento pretendiera que un empleado del Estado, dañado en cumplimiento de una orden de la Ley de Gestión de Emergencias (“Emergency Management”, EM por sus siglas en inglés), no pudiera percibir una indemnización por accidente laboral”.

“No me consta que el Parlamento pretendiera denegar una indemnización a los empleados del Estado perjudicados por acatar un mandato de vacunación destinado a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos”, declaró en la sentencia.

Calligeros dijo que sería “irónico e injusto” que el Estado negara a Shepherd ayuda económica y médica cuando él sólo estaba “cumpliendo con el deseo del Estado de preservar la salud pública.”

El juez ordenó que Shepherd recibiera una pensión alimenticia semanal y el reembolso de los gastos médicos. Según la legislación de Australia Meridional, esto significa que el Departamento de Protección del Menor es responsable de los costes.

Muchos siguen “luchando por ser indemnizados”

Peter Fam, abogado de Sidney especializado en derechos humanos, declaró a la periodista Rebekah Barnett que la sentencia era “una buena decisión” y un precedente importante para responsabilizar a los empleadores por los daños sufridos como consecuencia de la obligación de vacunarse contra la COVID-19 en el lugar de trabajo.

Según la ley australiana de indemnización de los trabajadores, un empresario sólo es responsable si el lugar de trabajo es “una causa contribuyente significativa de la lesión” y la toma de la vacuna debe estar “suficientemente relacionada con su trabajo y su empleo”, dijo Fam.

El Dr. Rado Faletic explicó a Barnett que el caso de Shepherd era más inequívoco que el de muchos otros que buscaban una compensación similar, porque dos cardiólogos estaban dispuestos a confirmar que el daño de Shepherd había sido causado por la vacuna.

Fam se mostró de acuerdo, afirmando que la indemnización por diagnósticos menos comunes supondría un reto “porque los médicos y los profesionales de la medicina siguen teniendo mucho miedo a admitir la causalidad”.

Faletic, un científico dañado por la vacuna y cofundador y director de COVERSE, una organización benéfica australiana de apoyo a los dañados por la vacuna COVID-19, se mostró alentado por la sentencia. Sin embargo, añadió, “cuando se trata de personas con diagnósticos no reconocidos o diagnósticos poco claros, es ahí donde la gente tiene dificultades para ser indemnizada.”

Lamentando la difícil situación de muchos australianos que han estado luchando en los tribunales, Faletic dijo que a menudo reciben “míseras ofertas de indemnización” que no llegan a cubrir sus costes legales o las pérdidas de empleo.

La estrategia de buscar justicia a través del programa de indemnización de los trabajadores es “el único recurso que queda”, dijo Faletic. Pero los requisitos del programa son “demasiado estrictos”, ya que paga menos del 5% de las más de 3.000 reclamaciones presentadas en sus primeros 18 meses.

Barnett, autor del libro “Dystopian Down Under“, declaró a “The Defender” que la sentencia Shepherd constituía una victoria histórica.

“Cuando se trata de casos relacionados con el mandato de vacunación COVID, rara vez se falla a favor del empleado”, afirma.

Barnett se refirió a un artículo del “Dr. Ah Kahn Syed” (seudónimo) en el “blog de Arkmedic” de Substack en el que criticaba a la Comisión de Trabajo Justo de Australia por estar “capturada” y ser “una herramienta del Estado”.

Syed citó ejemplos de nepotismo, favoritismo, intimidación, denegación de solicitudes de la Ley de Libertad de Información, coacción a los empleados, falta de independencia y otras pruebas que respaldan sus afirmaciones sobre las prácticas “desleales” de la comisión.

“Lo que está ocurriendo en la sociedad ‘post-pandémica’ está totalmente posibilitado por el concepto de ‘bien mayor’”, escribió Syed, “donde tu autonomía corporal es irrelevante ya que ‘las necesidades de la sociedad’ son más importantes”.

Barnett compartió el ejemplo de los cinco empleados de “Sydney Trains”, a quienes la Comisión de Trabajo Justo concedió inicialmente el pago de salarios atrasados después de que se les dijera erróneamente que se retiraran durante 10 meses por no cumplir la política de vacunación COVID-19 de su empresa.

“‘Sydney Trains recurrió’ y la decisión fue anulada”, explicó.

En el lado positivo, la profesora Diane Dawking, de Nueva Gales del Sur (NSW), ganó su caso por daños psicológicos relacionados con el despliegue del mandato de vacunación por parte del Departamento de Educación de NSW, dijo Barnett.

Pero la mayoría de los australianos dañados por vacunas no tienen tanta suerte, según Barnett. “Anecdóticamente, la mayoría no tiene recursos ni energía para luchar en los tribunales, así que aceptan ofertas a la baja o simplemente se rinden”, afirma.

Demandas colectivas en curso

Ante las dificultades para obtener reparación de los tribunales y de la Comisión de Trabajo Justo, algunos australianos están recurriendo a las demandas colectivas, según Barnett.

Una de estas demandas se presentó en el Tribunal Federal de Australia en abril de 2023 por la Dra. Melissa McCann contra la Administración de Bienes Terapéuticos (aproximadamente equivalente a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) por “negligencia y mala conducta en la función pública” al no aprobar y supervisar adecuadamente las vacunas COVID-19, lo que provocó daños a los australianos. La demanda colectiva sigue sumando miembros.

Barnett declaró a “The Defender”:

“A pesar de que se han producido más de 1.000 muertes y casi 140.000 acontecimientos adversos notificados a la “Therapeutic Goods Administration” (TGA) en relación con las vacunas COVID, la TGA mantiene que los acontecimientos adversos son poco frecuentes, que los informes no están necesariamente relacionados causalmente, y que sólo 14 australianos han muerto como consecuencia de la vacunación.

“Sin embargo, la TGA también ha admitido que no evalúa todos los informes de eventos adversos para determinar la causalidad, así que ¿cómo puede saber el alcance del daño de la vacuna COVID en Australia? No puede, y no lo sabe”.

Otra demanda colectiva por el COVID-19, actualmente en desarrollo, se dirige directamente contra Pfizer y Moderna, e intentará demostrar que sus productos se ajustan a la definición australiana de organismos modificados genéticamente, para los que los demandantes alegan que las empresas no solicitaron las licencias adecuadas.

Cada vez es “menos tabú” para los australianos hablar de los daños causados por las vacunas, dijo Barnett, citando como prueba la cobertura de la historia de Shepherd por los principales medios de comunicación, que también fue recogida por MSN Australia. “The Canberra Daily” incluso publicó el artículo de Barnett en Substack.

“Dicho esto, me he dado cuenta de que, a menos que la gente haya sufrido daños por la vacuna Covid, ya sea ella misma, su familia o sus allegados, no les preocupa en absoluto y creen que los daños y muertes son extremadamente poco frecuentes”, afirmó.

FUENTE