LOS GASTOS SUPERAN LOS 40.000 EUROSLa Fiscalía señala que directivos de centros de menas de Canarias se gastaron las subvenciones en viagra y restaurantes

RUBÉN PULIDO
JUNIO 14, 2023
La Fiscalía Anticorrupción ha acusado de malversación a varios directivos de al menos cinco centros de tutela de menores extranjeros no acompañados en Canarias que, presuntamente, se habrían gastado parte del dinero público destinado a los menas en tratamientos de belleza, comidas en restaurantes, viagra, tiendas de ropa y otros gastos.

Las primeras investigaciones a las que ha tenido acceso este medio se desarrollaron a principios de este año, cuando el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Menores señalaron irregularidades en la gestión de al menos cinco centros canarios de tutela para menores extranjeros no acompañados.


A partir de ahí se inició una investigación más exhaustiva con el fin de esclarecer el destino de una de las últimas partidas recibidas por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, el organismo que se encontraba a cargo de la gestión de los centros de menas de Guiniguada, Alcorán y Portobello (Gran Canaria) y La Santa y Yaiza (Lanzarote).

La última subvención percibida por parte de la fundación encargada de gestionar estos centros ascendía a un total de 12 millones de euros, que no habían sido debidamente justificados y donde había apuntes contables que no cuadraban a los investigadores. Lo que nadie sospechaba es que parte de ese dinero estaba destinado a fines exclusivamente personales de los directivos encargados de la acogida y atención de los menas llegados ilegalmente a las Islas Canarias.

Más de 40.000 euros sin justificar
En una de las querellas que forman parte de la investigación y que se interpuso el mes pasado, la Fiscalía señala que los gastos «sin justificación» ascienden por encima de los 40.000 euros. Esta sería solo una parte de estos fondos malversados, ya que, según señala la querella, la investigación sigue en curso y no se ha podido ejecutar «un seguimiento efectivo del destino material del ingente dinero público transferido a la Fundación».

En este sentido, el Ministerio Público solicita al juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, que es el encargado de la investigación, que se lleve a cabo la ejecución de una auditoría más detallada que logre dirimir de una forma más precisa, cómo se ha gastado la Fundación Respuesta Social Siglo XXI los 12.505.878 euros recibidos en 2020 desde la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

Clínicas de estética, viagras, restaurantes y compras en Primark
La Fiscalía Anticorrupción señala una «alarmante» falta de control sobre los gastos en efectivo que se realizaron por parte de los directivos encargados de los centros. El Ministerio Público describe la situación como «altamente irregular» y llena de «descontrol».

Según la investigación, los directivos investigados usaban el dinero en efectivo que habían sacado de las cuentas de la fundación para gastos personales. Además, los encargados también llegaron a desviar ese dinero —que, según señala el fiscal, «debían destinar al cuidado completo, para la integración social y económica de los menores extranjeros del centro que dirigían»— a sus cuentas personales.

Entre los gastos de índole personal más destacados, la querella detalla que una de las directoras de los centros de acogida llegó a pagar con la tarjeta de crédito de la fundación hasta 1.500 euros en una clínica de estética en concepto de varios tratamientos de rejuvenecimiento facial.

Asimismo, otro de los directivos, que debía comprar medicamentos destinados a los menas recién llegados en patera a las Islas Canarias, usaba el dinero destinado a ello para comprar otro tipo de fármacos como tratamientos contra la disfunción eréctil (viagra), para dejar de fumar y otros analgésicos destinados únicamente para su aplicación en adultos.

Por último, la investigación también señala gastos en combustible no justificados, gastos en restaurantes o compras injustificadas de ropa en tiendas de la cadena Primark.

En estos momentos la investigación continúa en curso. Anticorrupción señala que, además de los delitos de malversación, los investigados causaron «una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones y en sus estancias, que se evidencian en las actas de inspección». Por lo que no se descartan otras acusaciones de índole penal.

Fuente Europa Press